A pesar de todas las noticias generadas por el cambio de poder en Washington, esta semana hay una historia que merece mucha más atención: la intervención de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. El martes, el director de la Agencia de Seguridad Nacional, el almirante Michael Rogers, fue preguntado sobre la fuga de información de WikiLeaks durante la campaña electoral, y dijo: «Este fue un esfuerzo consciente de una nación para intentar lograr un efecto específico». Y agregó: «Esto no fue algo que se hizo casualmente, no fue algo que se hizo por casualidad, no fue un objetivo que fue seleccionado de manera puramente arbitraria».
De estas duras declaraciones se hicieron eco los altos funcionarios estadounidenses. Estaba señalando a Rusia de intervenir directamente en las elecciones estadounidenses para obtener un fin deseado: presumiblemente para debilitar la confianza en las elecciones en Estados Unidos o para elegir a Donald Trump, o ambos. Rogers acusaba claramente a Vladimir Putin de entrometerse en la democracia estadounidense. Esta es una noticia digna de negrita y grandes titulares de primera plana e investigación. Es de suponer que las agencias de inteligencia investiguen con firmeza la piratería de objetivos políticos atribuidos a Rusia.Pero hay otra investigación que es necesaria: una investigación del Congreso que celebra audiencias públicas y divulga sus hallazgos a la ciudadanía.
Si el FBI, la CIA y otras agencias de inteligencia están investigando el esfuerzo de Rusia para afectar la política estadounidense, no hay garantía de que lo que descubran será compartido públicamente. Las investigaciones de inteligencia, a menudo, permanecen secretas por razones obvias: conllevan información clasificada. Y las investigaciones policiales -que se centran en si los crímenes han sido cometidos- se supone que permanecen en secreto hasta que se produzcan acusaciones. Las actividades de investigación de estas agencias no están diseñadas para la divulgación pública. Ese es el trabajo del Congreso.
Cuando han habido acontecimientos traumáticos y escándalos que amenazan a la nación o su gobierno -Pearl Harbor, Watergate, el caso Irangate, el 11 de Septiembre…-, el Congreso ha llevado a cabo investigaciones y celebró audiencias públicas. El objetivo ha sido desenterrar lo que salió mal y permitir que el gobierno y el público evalúen a sus líderes. Eso es lo que se requiere ahora. Si un gobierno extranjero ha intervenido o manipulado una elección presidencial, ¿cómo pueden los estadounidenses estar seguros y confiar en su propio gobierno? Necesitan saber específicamente qué ocurrió, qué fue investigado (y si esas investigaciones se llevaron a cabo bien), y qué medidas se están tomando para evitar más intrusiones.
La posibilidad de que un gobierno extranjero haya interferido encubiertamente en las elecciones estadounidenses para lograr un resultado particular es asombrosa y plantea las mayores preocupaciones sobre la gobernabilidad dentro de los Estados Unidos. Una investigación sobre este asunto no debería ser relegada a los rincones secretos del FBI o de la CIA. El público tiene el derecho de saber si Putin o cualquier otra persona corrompe los mecanismos políticos de la nación. Ya hay razones para sospechar. Sin un examen minucioso, habrá más razones para cuestionar la democracia estadounidense.
Fuente: Mother Jones
