La Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia por no traspasar las normas de protección de datos.
Esto se debe a que España no ha querido notificar la adaptación de medidas para incorporar la directiva de protección de datos para el ámbito penal. Al no comunicarle dicha información a la Comisión Europea, España ha incumplido las obligaciones de la directiva.
La protección de los datos es un derecho fundamental de las personas. El objetivo de las directivas establecidas por la Unión Europea es garantizar esta seguridad, con fines de prevenir, detectar e investigar las infracciones legales.
La forma de actuar de España ha creado un nivel de protección diferente al obstaculizar el intercambio de datos entre España y los estados miembros que sí traspasarán esta directiva.
La Comisión ha pedido al Tribunal una multa de 5.290.000€ y una multa de 21.321€ por día transcurrido entre el vencimiento de la fecha límite para aplicar estas directivas y el día de cumplimiento por parte de España, esta ascendería a 89.548,20 €.