Tres de los cuatro principales grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, PP, PSOE y Ciudadanos, han acordado que no será necesaria la intervención del juez en el proceso de cierre de una página web. Concretamente, no será necesaria una autorización judicial para cerrar sitios que incumplan reiteradamente la Ley de Propiedad Intelectual.
However, los juristas creen que el término “reiteración” es un elemento que quizás sea demasiado ambiguo en esta ley, lo que propiciaría que el mismo fuera usado según convenga.
La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ordenará el cierre de las páginas web sancionadas a las empresas de servicios de publicidad, payment and accommodation, these could be sanctioned if they do not cooperate with the measures decided by this body.
The text ends the presumption of innocence and eliminates procedural guarantees as it turns a process that until now was considered judicial into an administrative procedure. David Bravo and the Almeida Law Firm, renowned jurists, define that this is a censorship law and warn that it is a law “written by people who walk a lot of red carpets but few courtrooms”, they also predict that there will be setbacks in the Constitutional Court as a consequence of trying to avoid the courts.
Although the text must now pass through the Senate procedure, as it is currently constituted, se da por supuesto que será aprobado sin dificultada cuando el texto llegue a la cámara por trámite de urgencia.